BLOG APEYD - Asociación Peruana de Economía y Derecho

El Blog de la Asociación Peruana de Economía y Derecho APEYD) nace como consecuencia de las diversas entradas sobre Economía y Derecho (EyD) contenidas en el Blog del Estudio Martin Abogados & Economistas (Blog EMAE), así como la necesidad de expresar de una manera más dinámica el análisis, crítica y avances de la EyD.
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The Blog of the Peruvian Law & Economics Association (PLEA) was born as a result of various posts on Economics and Law (L&E) contained in Martin Lawyers & Economists Firm Blog (Blog MLEF), and the need to express with more dynamics the analysis, criticism and EyD advances.

domingo, 6 de agosto de 2017

Conocimiento legal y fraude a la ley: Un modelo iuseconómico [MARTIN, J.M[

Jefe de Investigación en Economía y Derecho
Lima, 06 de agosto de 2017
WP-0806-2017-APEYD/TGD


1.- INTRODUCCIÓN.-

¿Ha notado que en algunas series policiales, un investigado parece estar muy confiado, dado que a su relación con el Derecho (estudiante, profesional o familiar) le hace creer que su situación jurídica no es ilícita y de ello, considera que los investigadores no le encontrarán nada y deberán soltarlo?

Una lógica elemental sugiere que el mayor conocimiento de la Ley implica un mayor cumplimiento de la misma.  Esto a veces puede ser cierto, pero también permite una distorsion conocida como el fraude a la Ley.

Si bien, este mayor conocimiento permite que una persona  conozca el objeto, los objetivos, el ámbito de aplicación o incluso el espíritu de la norma, también permite que identifique los vacíos, lagunas, deficiencias y ámbitos de no aplicación de la norma. Negar su existencia implicaría haber obviado los cursos de introducción a las ciencias jurídicas o de filosofía del Derecho.

Se avisa al lector que este artículo irá progresivamente incluyendo nomenclatura y simbología de análisis económico, conforme lo promueve la +APEYD Asociación Peruana de Economía y Derecho

2.- ¿EL CONOCIMIENTO ES PODER? ESCENARIOS Y DECISIONES.-

En este punto el Operador del Derecho (OD) puede hacer lo siguiente:
1) Reconocer su situación legal (SL) dentro o fuera del supuesto de la norma. (Supuesto de hecho, SH)
2) Ajustar su situación legal para estar dentro o fuera del supuesto de la norma.

Por el momento, se hablará de normas que imponen obligaciones al OD, por lo que este tendra incentivos para no estar dentro del ámbito de aplicación de la misma. No obstante, dado que las obligaciones legales son independientes de la voluntad, si el OD sabe que si esta dentro del SH. tendra que asumir dicha obligación, la cual le generará un cambio, usualmente un costo (C1) de tiempo o dinero.

A continuación, el OD el siguiente árbol de decisión:
  • Si su SL no se adecúa a SH --> No hacer nada --> Su situación no cambiará --> No asumirá ningún Costo [Escenario 1]
  • Si su SL se adecúa a SH
    • Cumplir con la norma --> Asumirá el Costo "C1") [Escenario 2]
    • No hacer nada = Evasión del cumplimiento. 
      • Si no es detectado (D=0), no asumirá ningún costo [Escenario 3]
      • Si es detectado (D=1), asumirá forzosamente el costo C1 más la sanción C2 (Ej. Multa o Cárcel) [Escenario 4]
    • Ajustar su situación legal para estar fuera del supuesto de la norma.
      • Si no es detectado (D=0) --> No asumirá C1, pero si C0 entendido como un costo de "planificación". [Escenario 5]
      • Si es detectado (D=1)--> A pesar de C0, también asumirá C1 y C2  [Escenario 6]
Lo anterior se puede resumir en el siguiente cuadro:


3.- ¿QUÉ INCENTIVA AL OD A COMETER UN FRAUDE A LA LEY?

El lector puede observar que lo indicado en la seccíón anterior es una extensión del clásico modelo de análisis costos-beneficio de cumplir o no una norma ("incumplimiento eficiente") mezclado con la teoría de las probabilidades del crimen y castigo. 

No obstante, en este caso el modelo es un poco más ambicioso y enfocado en el fraude a la ley, como una opción adicional, a parte del clásico binomio "cumplir/incumplir". En otras palabras, los que estaría haciendo el OD es forzar la inexistencia de la obligación de cumplir, mediante algún artificio legal o fáctico. 

Ahora bien, la sección anterior revela que existirían por lo menos 6 escenarios posibles para dicho OD, cada uno con una probabilidad determinada de ocurrencia. Por simplicidad, por ejemplo, se puede decir que las probabilidades son 0% (NO), 40% (NO CREO), 100% (SI). El "No Creo" implica un ligero sesgo hacia una menor probabilidad de ocurrencia del hecho (40%), frente a la no ocurrencia del mismo (60%) que provoca que el OD no entre en una duda (50%) que impida tomar una decisión y/o realizar una acción. 

No obstante, en el primer conjunto de decisiones, saber si se encuentra dentro de la norma o no, se considerará con probabilidades equivalentes (50%), es decir, p1 = P[SL=SH] = 50% y p2  = P[SL no SH] = 50% = 1 - P [SL = SH] = 1 - p2. 

En resumen, los escenarios tendrán las siguientes probabilidades y costos. 


Para culminar esta sección, cabe indicar que el principal incentivo es que sea la decisión que tome (no cumplir o ajustar), el costo de la misma sea menor al costo de cumplir la norma. Para ello, el presente árbol de decisión resulta el insumo para un conjunto de cálculo en este sentido. 

4.- ¿CÓMO CALCULAR EL INCENTIVO DE UNA DECISIÓN ESPECIFICA?
  1. Identificar la decisión específica que deberá tomar. (Ej. Si SL diferente de SH, ¿qué hacer?)
  2. Calcular el costo ponderado de cada escenario
    1. Cumplir la norma (Escenario 2) C = C1
    2. Evadir la norma (Escenario 3 y Escenario 4): C = p7 x 0 + p8 x (C1+C2) 
    3. Eludir la norma (Escenario 5 y Escenario 6): C = p9 x Co + p10 x (Co+C1+C2)
  3. Evaluar cuál costo es menor. 
Si se asume que la probabilidad detección en caso de evasión es de 40% (p8=40% --> p7 = 60%) y la probabilidad de detección en caso de elusión es de 10% (p10 =10% y p9=90%), y los costos Co, C1 y C2 son 5, 10 y 20 respectivamente, los resultados serían los siguientes: 
  • d1: Cumplir la norma (Escenario 2) C = 10
  • d2: Evadir la norma (Escenario 3 y Escenario 4): C = 12
  • d3: Eludir la norma (Escenario 5 y Escenario 6): C = 4.5+3.5 = 8
Bajo este esquema, resulta claro que es más conveniente para el operador del derecho eludir la norma que cumplirla o evadirla. Es más, dada la magnitud del castigo y la probabilidad de detección en caso de evasión, esta alternativa resulta más onerosa que cumplir la ley. Y en dicho escenario, mucho dependerá de la accesibilidad al costo de planificación.

Desde un enfoque matemático, la decisión del OD es la siguiente: Min { C(d1), C(d2), C(d3) }, donde di son las decisiones.  Y a su vez: C(d i ) = Σ ( pj x Cj ), donde j son los escenarios que podrían ocurrir al tomarse una decisión.

Imagínese un nuevo caso, donde el Estado se ha capacitado para identificar mejor los casos de elusión. De ello, la probabilidad de detección de esta conducta pasa de 10% a 25%. En tal escenario los costos sería los siguientes: C(d1) = 10, C(d2) = 12, C(d3) = 0.75 x 5 + 0.25 x (5 + 10+20) = 12.75. Como puede observarse, esta mejora en las habilidades de detección del Estado en materia de elusión han sido favorables, pues han incrementado el costo ponderado de tal decisión a 12.75, mucho mayor que la evasión y que el cumplimiento. La consecuencia de ello será entonces que el operador del Derecho verá más favorable cumplir la ley. Todo parece sencillo hasta aquí, ahora vamos a complicarlo.

5.- ¿CÓMO CALCULAR EL INCENTIVO DE UNA DECISIÓN HIPOTÉTICA?

En la sección anterior se impuso como supuestos unos porcentajes de probabilidad, a fin de hacer consistente el ejemplo. En realidad, estos pueden ser distintos y/o, pueden ser obtenidos de un estudio de campo. Así mismo, los costos se han establecido arbitrariamente, aunque podrían perfectamente ser determinables con algún tipo de criterio legal o de campo.

Una de las reglas básicas del álgebra para hallar una solución a un problema de ecuaciones es que haya igual o más ecuaciones que incógnitas. De lo contrario, las soluciones podrían existir y ser determinables pero no serían determinadas con precisión. En términos prácticos, cuando un modelo está equilibrado, si se impone una incógnita esta puede ser fácilmente despejada para hallar su valor de equilibrio.

Recuérdese las fórmulas matemáticas utilizadas:
  • Función de Decisión (Minimización de Costo): Min { C(di) }
  • Costos de las Decisiones: C(d i ) = Σ ( pj x Cj ), donde "i" es la decisión y "j" es el conjunto de escenarios relacionados con esa decisión. 
Ahora, imagínese que el costo de planificación no está determinado. ¿Hasta qué punto puede  invertirse en planificar un esquema de fraude a la ley, a la luz de los resultados del primer ejemplo (p10=10%). Apliquemos el modelo:
  • C(d1) = 10
  • C(d2) = 12
  • C(d3) = 90% x Co + 10% x (Co+10+20) = 0.9Co + 0.10Co + 30 = Co + 3.
Estos resultados permiten realizar el siguiente análisis. 
  • Si se desea equiparar la elusión al cumplimiento, entonces C(d1) = C(d3) --> 10 = Co + 3 --> Co = 10 - 3 = 7. Esto quiere decir que si el costo de planificación es igual a 7, entonces da igual cumplir la ley que eludirla. En este punto la decisión más simple sería cumplir la ley, sobre todo si el costo de planificación comienza a aumentar. 
  • De otro lado, si se desea equiparar la elusión a la evasión, entonces C(d2) = C(d3) --> 12 = Co + 3 --> Co = 12 - 3 = 9. Esto quiere decir que si el costo de planificación es igual a 9, entonces da igual evadir la ley que eludirla, por lo que no es necesario invertir en planificación para "librarse" de cumplir la ley.
Este ejemplo hipotético invita a una reflexión a los asesores legales: Si los costos de la asesoría para la elusión (el que esté libre de pecado que tire la primera piedra) aumentan demasiado, los agentes económicos que asumen los costos de cumplir la ley, no tendrán incentivos para contratarlos, pues será más fácil y menos costoso evadir la ley.

De este modo, los ejemplos hipotéticos pueden ser muy diversos, así como sus conclusiones y reflexiones. Se invita a los lectores a que practiquen cambiando las incógnitas para evaluar las diversas posibilidades.

6.- ALGUNAS EXTENSIONES AL MODELO.-

6.1.- Las "elusiones no artificiosas" y las elusiones artificiosas.

Una extensión para darle más realismo el modelo, es que algunas elusiones que califiquen como no artificiosas pueden ser un reflejo de un ejercicio legítimo del derecho de opción, vale decir, la libertad de decidir la forma contractual o del acto a realizar. En este caso, no corresponde ni una sanción ni una recalificación del acto. No obstante, otras elusiones consideradas artificiosas son claramente opuestas al espíritu de la norma, por lo que la sanción y la recalificación resultan procedentes. 

La problemática en este punto, y hasta ahora no se resuelve, es determinar la línea divisoria entre ambas elusiones. Lo cierto es que su inclusión podría afectar tanto las probabilidades como los costos, así como las alternativas de decisión. Con ello, el análisis de la conducta fraudulenta puede ser aún más complejo. 

6.2.- El conocimiento y el aspecto subjetivo de la probabilidad de detección.-

Hasta ahora se ha asumido que las probabilidades de detección son objetivas. No obstante, el Estado puede  tener una probabilidad de detección, y el OD otra. Claramente si el OD subvalora la probabilidad de detección, su análisis de escenarios y la decisión tomada puede ser incorrecta. 

No obstante, si el conocimiento del OD transciende la probabilidad subjetiva de detección afectando ahora la probabilidad objetiva, entonces esto puede ser muy favorable para perseguir su conducta fraudulenta. Esta inclusión sí puede ser muy compleja, dado que debe observarse las características propias del OD para cada caso concreto, limitándose las posibilidades de generalización. 

Una recomendación de política claramente es siempre considerar que el OD tiene suficiente capacidad para reducir la probabilidad de detección en un valor "p0", de modo que los análisis de probabilidad siempre se deberían ajustar por este componente (Ej. p7 - p0).

6.3.- La interacción entre las probabilidades y los costos.

El modelo actual presume que las probabilidades y los cotos son determinados cada uno por su lado. No obstante, por ejemplo, en el caso de los costos de planificación, una mayor inversión (eficaz, por supuesto) puede reducir la probabilidad de detección. Es más, una muy fuerte inversión en planificación podría reducir la probabilidad de detección a casi cero. 

De otro lado, por ejemplo, el costo representado por la sanción pecuniaria puede ser inversamente proporcional a la probabilidad de detección. Es decir, si el Estado considera que la probabilidad de detección que tiene es muy baja, entonces subirá el costo de dicha detección, de modo que desincentive las actividades evasores o elusoras del OD.

6.4.- Generalización del modelo como mecanismo de determinación de política pública

En nuestro modelo, todavía no se ha analizado las probabilidades de adecuación del supuesto de hecho a la situación legal de los OD. En este orden de ideas, una mejor redacción de las normas, puede hacer que se maximice la ocurrencia del cumplimiento de la norma y los costos (C1) que resultan deseables para la sociedad.

Considerando las extensiones anteriores, corresponde aplicar este modelo a distribuciones hipotéticas de usuarios, donde algunos son más cumplidores, otros evasores y otros elusores, de modo que se calcule un costo promedio global. 

Cabe precisar que este costo promedio que asume el OD usualmente es un beneficio para el Estado, por lo que, a diferencia de los OD, el Estado tiene como finalidad la maximización de los costos de este modelo. 

Así mismo, para una adecuada generalización, es necesario incluir los beneficios del cumplimiento de la norma, como un incentivo adicional para la toma de esta decisión. 

viernes, 30 de junio de 2017

Breve comentario a la tipología del ACB Legislativo [MARTIN, J.M]

Jefe de Investigación
Lima, 29 de junio de 2017

Hace varios años se hablaba del Análisis Costo Beneficio (ACB) "Legislativo", es decir, aquél análisis proveniente de los efectos económicos de la promulgación de leyes. En este orden de ideas, siempre se ha previsto que exista un análisis cuando menos "decente", pero que el Congreso de la República del Perú manifiestamente omite en hacerlo, limitándose a indicar que no se generará (partidas de) gasto público asociadas a una determinada Ley. 

Obviamente esta interpretación restrictiva de la obligación del ACB se correlaciona con la negativa de iniciativa de gasto público que tiene dicho Congreso, por lo que, desde dicho enfoque, dicha técnica utilizada de esa manera sería suficiente para cumplir el requisito normativo. 

No obstante, diversos artículos de especialistas y organizaciones lobbistas han defendido la necesidad de un ACB Legislativo (ACBL) más realista. No les falta razón. Por ejemplo, un análisis del impacto en las mejoras económicas cuantificadas que puede tener la citada medida legislativa, así como los costos indirectos para el Estado y sobre todo para los privados. 

Por ello, brevemente se podría establecer la siguiente tipología preliminar, con cargo a ampliarla en los siguientes artículos: 


De este modo, el cuadro sugiere cuatro tipos de ACB necesarios. Evidentemente el primero ("I") es el que realizan los creadores de normas, el cual es relativamente controlable; no obstante, nada impide que indirectamente se generen costos a otras entidades, organismos u órganos derivados de una medida legislativa. 

Así mismo, el introducir la variable tiempo en el ACBL, esto es, un enfoque dinámico, puede afirmarse claramente que sí puede existir un efecto directo e indirecto de una medida legislativa. 

Veamos esto en la práctica:  Hace poco el Congreso habría aprobado diversas modificaciones al Código del Consumidor, en particular lo relativo a la reducción del plazo de atención los reclamos y la celeridad para informar ante Indecopi las medidas tomadas para solucionar los reclamos de usuarios (Más Información)

Si bien, a simple vista esta medida no incluye una necesidad estática y directa de recursos públicos, es inevitable que la mayor carga de Indecopi tenga efectos en su eficiencia y costo de oportunidad (Gasto tipo III), y en el corto plazo, tal como prevé el autor, es posible que indecopi tenga que realizar mayores contrataciones de personal temporal en la Comisión de Defensa del Consumidor (CAS, tal vez) para que absorban esta mayor carga, con inevitables costos efectivos para el Estado (Gasto Tipo II). Así mismo, indirectamente esto tendrá efectos en las Salas del Tribunal (Gasto Tipo IV) y los juzgados contenciosos administrativos. 

viernes, 2 de junio de 2017

Enfoque económico práctico del daño moral: El caso peruano [MARTIN, J.M]

Jefe del Departamento de Investigacíón
APEYD, Asociación Peruana de Economía y Derecho
www.apeyd.org
Lima, 02 de junio de 2016

El Derecho de Daños (Tort Law) y/o el Derecho de la Responsabilidad Civil (para los más clásicos) ha sufrido diversas mejoras en el plano económico durante los últimos años. Desde la introducción enfoque económico impulsada inicialmente y en su mayoría por Guido Calabresi [1], uno de los bastiones aún de lo abstracto y subjetivo siempre había sido el concepto de daño moral. En Perú, al igual que en otros países, la historía ya está cambiando. 

Por ejemplo, a continuación se exponen algunos avances y vaivenes) prácticos o jurisprudenciales en materia de daño moral en el Perú. 
Tal como puede apreciarse la casuística del daño moral es diversa, abarcando más allá de temas de responsabilidad civil (contractual o extracontractual, en términos didácticos), sino también ámbitos laborales (despido, accidentes, etc), así como de familia (separación de hecho, divorcio, etc), a la luz de las diversas normas legales [2], peruanas que tratan el tema. Inclusive, se asocia este tema con el daño al proyecto de vida, el cual tiene un enfoque objetivo y subjetivo, que complica la identificación, alcances y cuantificación del daño. 

Así mismo, al leer la información indicada líneas arriba, podrá notarse los vaívenes o laberitno (en términos de Jara, 2016 [3],) del Poder Judicial al momento de juzgar este tema. Lamentablemente, temas tan elementales como la procedencia de una acción por daños y perjucios, y su distinción con el pronunciamiento sobre el fondo, o confusiones conceptuales entre el daño moral y el daño emergente derivado de un daño moral provocado por un acto antijurídico. O, asumiendo que lo anterior se supera, todavía se encuentran en discusión si hay o no hay daño, o peor aún, si es que estamos hablando de la posibilidad de una "doble indemnización" o no [4]

Por ello, el panorama resulta complicado para el enfoque económico, sobretodo si "luego de varias sentencias que reconocían indemnización por daño moral, la Corte Suprema ha establecido que este es el daño no patrimonial inferido sobre los derechos de la personalidad o en valores, que pertenecen más al ámbito afectivo que al fáctico y económico" [5]. En otras palabras, todavía hay mucho que corregir para que se deje de pensar que por el hecho que el daño moral es afectivo o psicológico no es susceptible en sí mismo de ser cuantificado pecuniariamente, independientemente de que éste genere, o no, a su vez daños emergentes (Ej. Costos de Rehabilitación Psicológica). 

No obstante, en la práctica se debe inevitablemente llegar a una solución, y de ser el caso, al determinarse la existencia del daño, corresponde precisar su cuantía. Obviamente, dicha cuantía estará relacionada con el tipo de acto antijurídico y la real naturaleza del daño, dado que esto determina su alcance, y valga la reduncancia, el quantum. Y, tal como se indica, la Corte Suprema todavía no forma una doctrina uniforme sobre el particular, sobre todo dando pautas o lineamientos más coherentes y públicos sobre como analizar la naturaleza y/o el contenido del daño moral y, aún más, una metodología estandarizada de cuantificación, más allá del facilismo del criterio de equidad. 

Hace muchos años, tuve la oportunidad de leer la obra Econometria Jurídica, de Carlos Ghersi [6] (no confundir con Enrique), el cual trata esencialmente de la cuantificación del daño en diversos ámbitos, clásicos como el lucro cesante o daño emergente, como más abstractos como el daño moral. Y más recientemente, he tomado conocimiento, de una reciente obra del español Fernando Gomez Pomar (2017) [7]  , cuya segunda edición actualiza la jurisprudencia y da cuenta de la nueva normativa de valoración por baremas o estándares que se utiliza en el caso español, y el cual se ha querido implementar en el Perú, sin mucho éxito, salvo en el caso del sector de seguros.

Empero, esta obra hace referencia a algunos conceptos o consideraciones económicas interesantes, a saber: el establecimiento de límites cuantitativos (del daño), la valoración basada en la disposición a pagar (willingness to pay), la expropiación (transferencia) de los beneficios obtenidos con la infracción, el modelo económico básico del daño moral, preferencias y utilidad relacionadas con el daño moral, prevención y punición aplicable al daño moral, el daño moral contractual (negociación previa), Relación de causalidad y daño indemnizable, parámetros para la cuantificación del daño moral, criterios de graduación de las sanciones administrativas para la cuantificación del daño moral, entre otros.

En un próximo artículo, APEYD presentará una propuesta de modelo económico de daño moral, basado en la obra antes descrita y otras de similar enfoque, e incluyendo algunos de los conceptos interesantes que se están desarrollando, a fin de cooperar con el fin del paradigma de que "el daño moral no es cuantificable" o de que forma parte de un "ámbito sagrado ajeno a la matemática o a la economía".


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[1] Calabresi, Guido (2011). Un vistazo a la Catedral. Palestra Editores, Lima-Perú.

[2] Base Legal: Ley N° 27803, CC 1332, 1322. 1331, 1321 y 1319. Ley  N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 53. D.S. 003-97-TR, Art. 34.

[3] Jara Cheffer, Marybell (2016). La responsabilidad contractual y extracontractual en el laberinto del PJ. Revista Electrónica "La Ley". Publicado 31/05/2016. 

[4] Quiñones Infante, Sergio. Comentarios acerca de la "doble" indemnización por despido arbitrario. En: Blog Cristal roto, obtenido el 02/06/2017.

[5] Corte Suprema precisa cuál es el daño moral resarcible en materia laboral". Diario Electrónico, "La Ley". Editorial Gaceta Jurídica. Lima, Perú. Publicado el 03/04/2017.

[6] Ghersi, Carlos Alberto (2002). Econometría Jurídica. Una metodología. Ed. Astrea. Buenos Aires, Argentina.

[7] Gomez Pomar, Fernando (2017). El daño moral y su cuantificación. Ed. Antoni Bosch. 2da Edición. España. 

sábado, 19 de noviembre de 2016

El Caso Apple: ¿Economía vs Derecho ó Macro vs Micro? [Primera parte]

Presidente
Asociación Peruana de Economía y Derecho

La empresa de productos tecnológicos móviles (Apple) se encuentra investigada por presuntamente haber pagado menos impuestos de lo que es debido, sobre todo en Estados Unidos y en la Unión Europea. En términos sencillos, las filiales de Apple en Europa generan ingresos que centralizan en Irlanda (un país con muchos beneficios tributarios), los cuales debería regresar y/o ser declarados en Estados Unidos para que paguen su correspondiente proporción de impuestos (35%). 

De acuerdo con la interpretación de Apple (en particular Tim Cook y sus asesores tributarios), ellos no se encuentran obligados a repatriar ese dinero, aunque eventualmente tendrían que hacerlo, pero ello no será en un futuro cercano, o de ser pronto, sería por partes y de alguna manera que page menos impuestos. Eso se llama diferimento tributario, apoyado por operaciones intragrupo. 

viernes, 16 de octubre de 2015

Análisis Económico del Derecho Penal - La lucha contra la reventa de celulares robados o perdidos y el bloqueo de los equipos.

José-Manuel Martin Coronado
Presidente APEYD
www.apeyd.org

El Derecho Penal está compuesto por un gran número de normas prohibitivas y coercitivas que no sólo buscan disuadir la comisión de diversos delitos tipificados, sino también sancionarlos cuando estos ocurran, aunque con el objetivo final de reinserción del condenado a la sociedad, para el caso peruano.

De otro lado, los delitos pueden combinarse y entremezclarse con actividades lícitas o aparentemente lícitas como la venta de bienes muebles, dependiendo del uso que se le va a dar a ese bien, la proveniencia de éste, el uso del dinero intercambiado o la proveniencia de dichos fondos, entre otras.

martes, 28 de octubre de 2014

Abogados que desean ser Economistas. ¿Por dónde comenzar? Una guía para el verano. [J.M. MARTIN]

Presidente
+Asociación Peruana de Economía y Derecho (APEYD)

Si eres un abogado, estudiante ó graduado en Derecho que, por alguna razón, estás cerca del movimiento que apoya la importancia de la "ciencias" económicas y empresariales en el Derecho, estás en el lugar correcto, pero debes tener cuidado a que árbol de arrimas, porque un pseudoeconomista puede estar al acecho. 

Muchos economistas de carrera no apoyan, no conocen o no identifican la importancia de tu acercamiento a su profesión, mientras que otros autodenominados "economistas", de diplomados, de postgrados rápidos o de práctica pura, estarán interesados en indicarte el supuesto buen camino. ¿Cómo saber que algo anda mal? Los Economistas usan modelos económicos y econométricos, así como análisis matemático-económico, los pseudoeconomistas no, o de una manera muy superficial y enunciativa. "Esto es, para que sepas, yo lo conozco pero no sé como se usa, me dicen que sirve para algo". 

jueves, 21 de agosto de 2014

¿Cómo se divide y clasifica el Análisis Económico del Derecho? [J.M. MARTIN]

Una pregunta esencial luego de verificar que el Análisis Económico del Derecho (AED) no es una rama del Derecho (lo cual no quiere decir que no se relacione con dichas ramas) corresponde a saber cómo se divide el AED, como disciplina "autónoma". 

En efecto, una primera clasificación es dependiendo del objeto de estudio, el cual no es necesariamente el Derecho en general, sino, el AE del Derecho Civil (No patrimonial), el AE del Derecho Penal, el AE del Derecho de Contratos, el AE del Derecho Administrativo, el AE del Derecho Sancionador, AE del Derecho Societario, AE del Derecho Constitucional, entre otros. En otras palabras, el AED se aplica de manera transversal a prácticamente todas las ramas del Derecho, siendo muy pocas las excepciones. Cabe indicar que el hecho que su aplicación sea controvertida o polémica, no quiere decir que no exista, como es el caso del AE de los Derechos Humanos.

martes, 22 de julio de 2014

Editorial: Pensar económica y jurídicamente, al mismo tiempo y con igual profundidad. Hacia un nuevo tipo de profesional.

El objetivo de la Asociación Peruana de Economía y Derecho (APEYD) no es simplemente dar a conocer los alcances que ha tenido la economía sobre el Derecho en los últimos 100 años. Muchas asociaciones y profesionales directa o indirectamente hacen eso. Tampoco es la finalidad aplicar "simples" principios económicos al razonamiento jurídico, a pesar que pareciera ésta ser la principal razón de ser de este enfoque interdisciplinario. 

APEYD lo tiene claro: El objetivo es ayudar a sus seguidores, colaboradores y miembros a pensar económica y jurídicamente, al mismo tiempo y con igual profundidad. Y es que de nada sirve introducir ligeramente algunos conceptos económicos a los Abogados (o estudiantes de Derecho) para que sigan siendo los mismos, solo que con una herramienta más. Tampoco tiene sentido que a los Economistas (o estudiantes de Economía) se les explique que son las normas y para que sirven, pero que sigan siendo economistas. 

En este sentido, el objetivo busca CONVERTIR al Economista en un Economista-Abogado, y al Abogado en un Abogado-Economista. Dicho de otro modo, se trata de complementar e integrar ambas formas de analizar, pensar y actuar dentro de una misma persona, sea cual fuere su profesión o carrera de origen. 

APEYD reconoce que es una tarea difícil, pero no imposible. Y todo aquél que desee seguir este camino de excelencia duodisciplinaria es bienvenido y bienvenida. APEYD le dice no a los pseudoeconomistas y a los pseudoabogados, que creen que con leer un par de artículos, libros e ir a unas cuantas conferencias suplanta no sólo una carrera completa, sino, más importante aún, una formación, una forma de ver el mundo, una forma de solucionarlo. Para ello, la dualidad es necesaria.  APEYD te la ofrece. La pregunta es si tu la deseas. La pregunta es si deseas ser un nuevo tipo de profesional.....

El Editor.
APEYD.


martes, 8 de julio de 2014

¿Qué es la Economía del Derecho? [J.M MARTIN]

Presidente
+Asociación Peruana de Economía y Derecho - APEYD

Fiel al espíritu de este blog, y a la serie de publicaciones denominadas "Cuestión de Nombre", es conveniente señalar que se entenderá "Economía del Derecho" justamente a la parte económica que subyace dentro del Derecho, esto es, partiendo de la premisa que el Derecho es multidimensional, una aspecto del mismo es socio-económico, en particular, económico. 

No obstante, como se verá más adelante, podría entenderse "Economía del Derecho" en sentido inverso, algo así como en el caso de Economía de la Empresa, es decir la parte de la Ciencia Económica que se enfoca en el estudio de la Empresa, lo cual en el presente caso, sería la parte de la Economía que se encuentra enfocada en el estudio del Derecho. Primero se comenzará con la primera acepción y luego se introducirá la problemática de la segunda.

domingo, 25 de mayo de 2014

A Critical Introduction to Peruvian Economic Analysis of Law [J.M. MARTIN]


Jurista-Economista

APEYD - Asociación Peruana de Economía y Derecho
President


Lima, 2008

This article aims to redefine and to review the concept of Economic Analysis of Law (EAL), and also to reveal the legitimacy of the criticism that it formulates, as well as to identify the difficult path in which EAL is being developed in Peru.

Finally, it pretends to clarify that Civil Economic Analysis of Law is just a mere branch of the whole EAL phenomenon, which cannot be confused in between, besides any generic thoughts or outcomes, while applying it to the constitutional basis of legal sciences, even if the goal is to offer a more realistic and scientific approach to the study of Law.

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Self-Criticism to Economic Analysis of Law in Peru (II): Incomplete Microeconomics [J.M. MARTIN]

Jur/Eco. President
Asociación Peruana de Economía y Derecho
(Peruvian Law & Economics Association)
APEYD

One of the problems of the Economic Analysis of Law (EAL) in Peru and other countries of the world is incomplete and selective teaching of economic principles and microeconomic foundations, which is responsibility of those who advocate for the "easy- EAL" or "soft-EAL " used simplify their criticism to traditional legal institutions, focusing on the outcome rather than the analysis process to get to this. They are not interested on replication nor development of the EAL, but to publish it in the more precarious way possible, and to show off in the middle.

Even for an economics student at a university that also teach strong finance or management, the teaching of microeconomics can be below the standards required for an economist.

domingo, 18 de mayo de 2014

Autocrítica del AED II: La Microeconomía Incompleta [J.M. MARTIN]

Jur/Eco. Presidente
Asociación Peruana de Economía y Derecho

Uno de los problemas del AED en el Perú y en otros países del mundo es la enseñanza incompleta y selectiva de los principios económicos y fundamentos microeconómicos, lo cual es responsabilidad de aquellos que propugnan el "easy-AED" o "soft-AED" con el objetivo de simplificar sus criticas, enfocándose en el resultado antes que el proceso análisis para llegar a este. No les interesa la réplica ni el desarrollo del AED, sino darlo a conocer del modo más precario posible, y darse a conocer así mismos en el medio. 

Incluso para un estudiante de economía de una universidad que pondere bastante enseñarle también finanzas o gestión empresarial, el aprendizaje de la microeconomía puede estar por debajo de los estándares requeridos para un economista.

jueves, 17 de abril de 2014

"Una introducción crítica al Análisis Económico del Derecho en el Perú". [MARTIN, J.M.]



Jurista-Economista

Presidente de la APEYD - Asociación Peruana de Economía y Derecho


Lima, 2008

I. INTRODUCCIÓN.-

El presente artículo no sólo busca definir y revisar el concepto de Análisis Económico del Derecho (AED), sino también revelar la idoneidad de las críticas que se formulan, así como identificar el defectuoso camino por el cual se viene desarrollando el AED en el Perú.

Finalmente, se pretende esclarecer que el AED civil es sólo una rama o especie del AED, la cual no puede confundirse con el género, independientemente de la generalidad de éste, en su aplicación a las bases institucionales de las Ciencias Jurídicas, máxime si lo que se pretende es, en buena cuenta, otorgar un enfoque más realista y científico al estudio del Derecho. (...)

jueves, 10 de abril de 2014

¿Qué es realmente la eficiencia en materia económica? Problemas en su aplicación por culpa del "Soft AED" peruano [J.M. MARTIN]

Presidente
Asociación Peruana de Economía y Derecho
Observo continuamente crasos errores y confusiones en torno al concepto de eficiencia en materia económica, usualmente cometidos por abogados (y estudiantes de Derecho) que, apresuradamente, desean aplicar al AED por alguna por las provocativas conclusiones de algunos expositores y por cierta necesidad de decir algo diferente al resto.

La eficiencia es uno de los conceptos más conflictivos ya que comúnmente se le confunde con la existencia de una ganancia en la realización de actos económicos. Una trampa muy frecuente es el Análisis Costo-Beneficio, el cual es una simplificación in extremis de la razonamiento económico para el análisis de casos o toma de decisiones. Muchos han caído en la farsa que la existencia de un beneficio superior al costo implica per se la presencia de una situación eficiente. 

¿Pero cuán grave es este problema? Mucho, considerando la innumerable cantidad de veces que estos "analistas" hablan de eficiencia, cuando en realidad no hay tal, dando por terminado un problema de búsqueda de la eficiencia, cuando aún existe margen para la optimización. En resumen: Un mal consejo legal, amparado en un error conceptual económico.

martes, 8 de abril de 2014

Acerca de la gran falacia que busca enfrentar el AED con el Derecho Civil [J.M. MARTIN]

Presidente
Asociación Peruana de Economía y Derecho

Lima, 07 de abril de 2014

Próximamente, en mayo de 2014, la Asociación Themis de la PUCP organizará un seminario denominado "Instituciones en Pugna: AED vs. Derecho Civil", el cual busca organizar mesas de discusión que buscan enfrentar postulantes del AED y postulantes del "Derecho Civil" planteando una supuesta pregunta controvertida en cada una de ellas.

1. La primera supuesta pregunta es: "¿Es el AED una herramienta útil para entender el Derecho Civil? "

La respuesta puede ser muy sencilla, pero al mismo tiempo contradictoria con el propio título del seminario. Efectivamente el AED es una herramienta, o mejor dicho un método, el cual puede servir para entender las instituciones civiles o del Derecho Civil. 

Pero el problema surge cuando se entiende implícitamente que el Derecho Civil contiene también un método, el análisis jurídico, el cual, visto desde este punto de vista, sí podría estar en contradicción con el AED. 

En consecuencia, antes de responder esta pregunta capciosa, es necesario preguntarse previamente que contiene el Derecho Civil, método e instituciones ó sólo estas últimas. Esta cuestión previa es necesaria para saber si realmente estamos hablando de una pugna entre elementos equivalentes (Análisis Económico del Derecho vs. Análisis Jurídico del Derecho [AJD])o entre elementos no comparables (análisis económico vs. instituciones jurídicas).

domingo, 23 de marzo de 2014

Esperanza de un "Law & Economics 2.0" en el Perú, a propósito de un artículo sobre Behavioral Law & Economics [MARTIN, J.M.]

Presidente APEYD
Socio EMAE
Lima, 12 de febrero de 2013

Un artículo publicado por Renzo Saavedra, del estudio Osterling, blogger de IUS360.com (de la Asociación Ius et Veritas) sobre Behavioral Law & Economics (Derecho y Economía del Comportamiento) me suscitó las siguientes reflexiones, sobre la materia, en el contexto actual de académicamente precario de esta rama del conocimiento. 

Definitivamente los progresos generados en materia de Economía y Derecho en Estados Unidos, incluso Italia, ya están bastante lejos de la retórica elemental que aún persiste en el Perú en esa materia. No obstante, el levantamiento de los supuestos económicos básicos no es algo nuevo en la ciencia económica, lo que ocurre es que no está muy difundido y usualmente tiene consideraciones matemáticas más avanzadas que pueden escapar del alcance de muchos. La brecha del conocimiento puede ser muy amplia en algunos temas, cuando se habla de Law & Economics. Inclusive, ya desde algunos años el behavioral economics se ha vuelto más "normativo", en el sentido que puede "atreverse" mediante el Derecho positivo corregir los sesgos del comportamiento.

Cuestión de Nombre IV: ¿"Economía y Derecho" o "Derecho y Economía"? Buscando el equilibrio entre dos mundos [J.M. MARTIN]

Socio Principal EMAE
Originalmente publicado en Blog EMAE
Lima, 04 de julio de 2012 

Hace unos años, se acercó al despacho una estudiante con ansías de practicar en el estudio. A diferencia de varios otros postulantes, sí se tomó la molestia de averiguar cual era lo enfoque utilizado en EMA (ahora EMA&E)

Si bien tuvo un alto puntaje en ímpetu, argumentación y conocimientos, no dejo de recordar que llamó al enfoque económico del Derecho, "una moda" y como tal destinado a una excitante pero superficial y corta vida. 

El problema es que hay algo cierto en su afirmación. Esta segunda etapa del enfoque económico del Derecho en el Perú se encuentra marcada por los jóvenes estudiantes que han captado las "enseñanzas" de la primera generación de los ponentes sobre el tema, y que con mucha excitación desean descubrir y saber más allá.

De la relación entre la Economía y el Derecho I: Derecho Económico - Derecho Comercial [GARCIA, J.R.]

Analista Jurídico Junior de Estudio Martin Abogados
Colaborador APEYD
Lima, 25 de setiembre de 2011

El derecho nace como un sistema de organización social entre las sociedades primitivas, así mismo se comenzó a poner reglas a todo aquello que era susceptible de conflicto o malos entendidos. De igual manera la economía comenzó por la necesidad, de ésta forma ahora es necesario observar las formas en las que la economía se relaciones con el derecho, para ello se distinguen de diversas ramas del derecho al vinculo que encierra cada una de ella con la economía.

Derecho y Economía: El problema de la identificación [GARCIA, J.R.]

Analista Jurídico Junior
Estudio Martin Abogados 
Colaborador APEYD

Lima , 07 de octubre de 2011

En la actualidad hay una increíble confusión por los nombres relacionados con el "Derecho y la Economía", tal como se puede observar en los artículos presentados por Martin Coronado[1], pero el desarrollo de estas confusiones no solo son entre el AED y el Derecho y Economía, al parecer en la actualidad no entienden con claridad ¿cuáles son sus verdaderos conceptos?

El derecho y economía, es el estudio de la interdisciplinariedad[2] entre las dos disciplinas que llevan su nombre. Es decir el Derecho y Economía comprender un ámbito general de estudio, en ella se desarrollan el Derecho Económico y el Análisis Económico del Derecho. El Análisis Económico del Derecho, es el estudio de métodos de teoría económica de aplicación al derecho, basando estudios en análisis costo – beneficio, y su finalidad es disminuir costos (de oportunidad y de transacción)[3] y internalizar externalidades.

¿Por qué estudiar Derecho y Economía? [GARCIA, J.R]

Asistente de Investigación Jurídica
Estudio Martin Abogados
Colaborador APEYD

Lima, 21 de julio de 2011

El término Derecho & Economía como se ha podido apreciar en artículos anteriores a ésta publicación, Cuestión de Nombre II[1] no se reduce tan sólo al análisis económico del Derecho si no también al Derecho Económico, como equivocadamente se está influyendo en el Perú. 

La implementación de ésta nueva corriente americana, encara en la actualidad una salida más eficiente tanto al Análisis Económico del Derecho (en adelante AED) y al Derecho Económico, pues la aplicación de estas disciplinas a las aulas de las Facultades de Derecho peruanas, han tenido diferentes aceptaciones, en la actualidad el Análisis Económico del Derecho tiene una gran aceptación, a diferencia del Derecho Económico que es igual de importante que el AED, pero son vistos desde diferentes perspectivas.